La presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a delinear su propio sello de gobierno a través de ajustes estratégicos en posiciones clave del aparato estatal.

En sus primeros meses al frente del Ejecutivo, los movimientos en áreas sensibles como política exterior, finanzas públicas, procuración de justicia y combate al lavado de dinero han sido leídos como señales de consolidación de poder y redefinición institucional.

Estos cambios no sólo responden a una lógica administrativa, sino también a una narrativa política: continuidad con matices respecto al sexenio anterior. En ese contexto, dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía General de la República (FGR), el sistema de aduanas, la Consejería Jurídica y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concentran decisiones que impactan tanto en gobernabilidad como en percepción de mercados.