Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, presentó las iniciativas que serán enviadas al Congreso relacionadas con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.

Afirmó que con la reforma se busca que, en todas las entidades y a nivel federal, el delito de extorsión se persiga de oficio y no dependa de la presentación de una denuncia para iniciar su investigación.

“La iniciativa de ley comprende, sustantivamente, la coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, un tipo penal básico, todos los elementos y previsiones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal. También incluye acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, además de reglas especiales para el combate a la extorsión en centros penitenciarios”, explicó.

Las penas propuestas van de seis a quince años de prisión, y podrán aumentar según las agravantes, como en los casos de cobro de piso, cuando participen migrantes, menores de edad, servidores públicos o si el delito se comete desde un centro penitenciario.