El hallazgo a inicios de marzo del rancho Izaguirre, un presunto “campo de exterminio” del narcotráfico en el estado de Jalisco, y el asesinato en noviembre del alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, marcaron el 2025 en México en términos de seguridad, el primer año completo de la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.
A esos casos se unieron las crisis de violencia en los estados de Sinaloa y Chiapas, además del aumento en el delito de extorsión en ciertas regiones del país y los robos en transporte en carreteras.
Para la especialista en seguridad pública, Eunice Rendón, los casos del rancho Izaguirre y el asesinato de Carlos Manzo “han sido los más vistosos” del primer año del gobierno de Sheinbaum, pero auguró que habrá más durante su administración.
El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber identificado un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio cientos de pares de zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, un caso que recrudeció la crisis de desapariciones en México, donde hay más de 120 mil personas no localizadas desde que hay registro en la década de 1960.
Tras las primeras investigaciones, el polémico extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho era “un campo de adiestramiento” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero remarcó que “no había evidencias” de que el lugar fuera utilizado como un crematorio clandestino.
“El tema de Rancho Izaguirre fue muy visible en su momento y la gravedad del caso es ver estas formas de reclutamiento, de estas poblaciones a las que reclutan, estas maneras y métodos más sanguinarios”, apuntó Rendón.
Por su parte, el asesinato de Manzo ocurrió tras un evento público el 1 de noviembre, Día de Muertos, provocando una fuerte indignación en Michoacán, donde hubo protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, y en todo el país.
A raíz del asesinato, el 9 de noviembre el Gobierno de México presentó el ‘Plan Michoacán por la paz y la justicia’ que aumentó el número de agentes de las Fuerzas de Seguridad en el estado hasta los 10 mil 500 agentes para combatir a la delincuencia en una región donde operan varias organizaciones criminales, entre ellas, el CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.
