Los Tocables

Por Héctor Guerrero 

Alejandro Moreno Cárdenas ha hecho de la resistencia una forma de supervivencia política. Desde que dejó el gobierno de Campeche y convirtió la presidencia del PRI en una plataforma personal, ha conseguido atravesar investigaciones, escándalos, rebeliones internas, derrotas electorales y acusaciones patrimoniales sin abandonar el poder. Su fórmula ha sido conocida: convertir cada cuestionamiento en una agresión de Morena, cada investigación en persecución y cada intento de someterlo a la ley en una batalla por la democracia. Pero hay algo que no ha conseguido desaparecer: el expediente.

La historia del desafuero tiene varias estaciones y conviene no confundirlas. En 2022, la Fiscalía de Campeche pidió retirar el fuero a Moreno por una investigación relacionada con presunto enriquecimiento ilícito. Aquella primera solicitud terminó siendo declarada improcedente por la Sección Instructora en 2025. El capítulo quedó cerrado, pero no la historia. En julio de 2025 llegó una nueva solicitud, ahora por presunto peculado y uso indebido de atribuciones, con un monto señalado de 83 millones 508 mil pesos durante su administración como gobernador, entre 2015 y 2019.

Esta segunda solicitud es la que importa hoy. La Fiscalía Anticorrupción de Campeche la presentó ante la Cámara de Diputados y la Sección Instructora la admitió para su análisis. El expediente incluye cuatro carpetas de investigación y señalamientos sobre operaciones que, según la acusación ministerial, habrían producido un daño al erario. No se trata todavía de una sentencia ni de una declaración de culpabilidad. Se trata de una investigación que busca retirar la inmunidad procesal para que la autoridad pueda llevar el caso ante un juez. Esa diferencia jurídica debe mantenerse intacta, aunque políticamente resulte mucho menos espectacular.

El monto tampoco apareció de la nada. La documentación difundida sobre la solicitud desglosa acusaciones por pagos presuntamente simulados superiores a 27 millones de pesos, contratos que la Fiscalía considera irregulares por casi 24 millones, erogaciones sin respaldo por más de 14 millones y una obra cuyo supuesto sobreprecio habría superado los 18 millones. Son imputaciones, no hechos judicialmente probados. Pero son suficientemente concretas para que la respuesta no pueda reducirse a un “me persiguen”. La pregunta inevitable es qué contienen las carpetas y qué podrá sostenerse con pruebas ante un tribunal.

Moreno ha respondido con la fórmula que mejor conoce: transformar el expediente en un pleito político. Morena quiere quitarle el fuero, dice; Morena quiere callarlo, sostiene; Morena pretende destruir a la oposición, argumenta. Y mientras en México se habla de las investigaciones de Campeche, él ha llevado su confrontación a Washington. 

En 2026 ha realizado varias visitas a Estados Unidos y en su más reciente viaje presentó una denuncia ante el Departamento de Estado contra tres consejeros del INE, a quienes acusa de restringir su libertad de expresión. También ha anunciado que llevará sus denuncias ante organismos internacionales.

La maniobra tiene inteligencia política. Si la discusión permanece en Campeche, Moreno tiene que responder por Campeche. Si consigue trasladarla a Washington, puede presentarse como un dirigente opositor perseguido por un gobierno autoritario. Cambia el escenario, cambia el lenguaje y cambia incluso el personaje: el exgobernador investigado se convierte en defensor de la democracia mexicana frente a una supuesta amenaza autoritaria. El expediente, sin embargo, no viaja con él. La Cámara de Diputados está aquí, la Fiscalía que investiga está en Campeche y cualquier responsabilidad penal tendrá que ser determinada por autoridades mexicanas.

Hay además un elemento que vuelve particularmente delicado el momento. Mientras Morena reclama que el procedimiento avance, el conflicto político alrededor de Moreno ha alcanzado un grado de confrontación pocas veces visto. El 12 de agosto, una discusión entre legisladores del PRI y Morena terminó en agresiones físicas, después de un intercambio sobre las acusaciones de narcotráfico, la intervención extranjera y el viaje de Moreno a Estados Unidos. El episodio no demuestra nada sobre las acusaciones contra el dirigente priista, pero sí muestra hasta dónde ha llegado la polarización alrededor de su figura.

Alito ha aprendido algo fundamental de la política mexicana: mientras todos hablan del adversario, nadie habla del expediente. Su carrera reciente puede leerse también como una sucesión de desplazamientos del tema. Cuando se cuestiona su patrimonio, habla de Morena. Cuando se cuestiona su gestión en Campeche, habla de Layda Sansores. Cuando se habla del desafuero, habla de autoritarismo. Cuando el INE interviene en sus expresiones, habla de censura. Cuando sus adversarios cuestionan su estrategia, aparece Washington. El resultado es eficaz: la conversación se mueve constantemente, mientras las acusaciones permanecen.

Y aquí aparece la parte más incómoda para el dirigente priista. El fuero no es una absolución. Tampoco es una patente de impunidad. Es una protección procesal para determinados servidores públicos. Su eventual retiro tampoco significaría que Moreno sea culpable: significaría que podría enfrentar ante la justicia una investigación sin esa protección. Por eso resulta igualmente irresponsable afirmar que el desafuero ya está consumado que presentar cualquier investigación como prueba definitiva de culpabilidad. La justicia no funciona por consignas. Funciona mediante pruebas, acusaciones formales, defensa y sentencia.

Morena, por su parte, tiene una responsabilidad que no puede eludir. Si pretende acelerar el procedimiento, tendrá que demostrar que no está utilizando el Congreso como oficina de castigo político. El caso es demasiado delicado para que se resuelva mediante gritos, pancartas o declaraciones triunfalistas. Si las carpetas son sólidas, deben resistir el escrutinio jurídico. Si son débiles, se desmoronarán. Y si el oficialismo intenta convertir el desafuero en una condena anticipada, terminará regalándole a Moreno exactamente lo que necesita: el papel de víctima que lleva años interpretando.

Pero tampoco Alito puede seguir pretendiendo que toda investigación es una conspiración. El expediente existe. La nueva solicitud existe. El monto de 83.5 millones está documentado en la petición de la Fiscalía. Las carpetas existen. La Sección Instructora las tiene. Y el procedimiento no ha sido resuelto. En abril de 2026 circuló incluso información falsa sobre un supuesto voto de la Cámara de Diputados que ya habría eliminado su fuero; la verificación correspondiente confirmó que eso no había ocurrido. Moreno conserva el fuero y el procedimiento permanece pendiente.

Lo que sí está ocurriendo es el intento de reactivar el asunto. El procedimiento quedó detenido durante el receso legislativo y puede volver a la agenda cuando comience el periodo ordinario de sesiones. Esa es la situación real: Moreno no ha sido desaforado, no ha sido condenado por estos hechos y no existe una orden de aprehensión derivada de este procedimiento. Pero tampoco puede decir que el expediente haya desaparecido. La discusión simplemente vuelve al lugar donde tarde o temprano tendrá que resolverse: las instituciones.

Y quizá por eso el momento resulta políticamente incómodo para él. Durante años pudo administrar los tiempos, responder a sus adversarios y convertir las investigaciones en combustible para su liderazgo dentro del PRI. Ahora la pregunta ya no es cuánto tiempo puede resistir una tormenta política, sino cuánto puede resistir un expediente cuando vuelve a la mesa legislativa con acusaciones concretas y una Fiscalía que insiste en llevarlo adelante. La política permite aplazar. El procedimiento jurídico, tarde o temprano, exige una respuesta.

La historia de Alito tampoco puede separarse de su manera de ejercer el poder. Llegó a la gubernatura de Campeche, salió de ella y posteriormente asumió el control del PRI nacional. Desde entonces ha enfrentado cuestionamientos por su patrimonio y por su actuación política, al mismo tiempo que ha conservado el mando del partido y ha reducido considerablemente el espacio para sus adversarios internos. Su principal virtud política ha sido la supervivencia. Su principal problema es que esa supervivencia ha terminado convirtiendo cada acusación en una batalla personal.

Ahora el expediente vuelve a tocar la puerta. Morena quiere abrirla. Moreno quiere demostrar que detrás de ella sólo existe una persecución. La Fiscalía de Campeche tendrá que probar lo que acusa. La Cámara de Diputados tendrá que decidir conforme al procedimiento constitucional. Y un juez, si el caso llega hasta ahí, tendrá la última palabra. Nadie debería anticipar esa decisión, ni para absolverlo ni para condenarlo. Pero tampoco debería cerrarse la investigación para protegerlo.

Porque después de cuatro años de acusaciones y contraacusaciones, el país merece algo más que otra temporada de declaraciones. Merece saber qué ocurrió con los recursos públicos de Campeche, qué pueden probar las carpetas de investigación y quién, en su caso, deberá responder por ello. Alito puede seguir denunciando a Morena en Washington, puede seguir acusando autoritarismo y puede seguir presentándose como el último bastión de la oposición. Todo eso pertenece al terreno de la política.

El expediente pertenece a otro.

Y ahí está el verdadero problema de Alejandro Moreno: ha sido extraordinariamente eficaz para sobrevivir políticamente, pero ninguna habilidad para la confrontación sustituye una explicación cuando las preguntas se convierten en documentos, los documentos en investigaciones y las investigaciones en un procedimiento formal. Puede combatir a Morena, disputar al PRI, recorrer Washington y denunciar persecuciones. Lo que no puede hacer es convertir el fuero en una respuesta.

Si la Fiscalía se equivoca, que quede exhibida. Si Morena pretende vengarse, que quede exhibido. Pero si existen pruebas de que durante su gobierno se utilizaron indebidamente recursos públicos, entonces tampoco puede haber una salida política para impedir que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar. El privilegio constitucional no fue diseñado para borrar responsabilidades, sino para proteger la función pública de persecuciones arbitrarias.

Por eso, la discusión que viene no debería ser sobre quién grita más fuerte ni sobre quién consigue mejores titulares. Debería ser sobre qué dicen las carpetas, qué puede probar la Fiscalía y qué responderá la defensa. Después de tantos años, ya no hay necesidad de otra batalla de propaganda. Hay una pregunta mucho más simple y mucho más incómoda para Alejandro Moreno: ¿puede explicar, con documentos y ante las instituciones, aquello que durante años ha respondido únicamente con política?

Ahí empieza la verdadera prueba para Alito. No en Washington, no en la tribuna del Senado y tampoco en los pleitos con Morena. Empieza en los expedientes. Porque mientras él siga haciendo de la persecución su principal argumento, habrá una pregunta que sus adversarios podrán repetir indefinidamente. Y mientras esa pregunta permanezca sin una respuesta judicial, el expediente seguirá ahí, esperando que alguien finalmente lo abra.

Tiempo al tiempo.

@hecguerrero