El Poder Legislativo solicitó este 4 de mayo al Instituto Nacional Electoral (INE) tumbar la candidatura de 26 candidatos a la elección judicial, entre ellos aquellos que tienen vínculos con la delincuencia organizada, han liberado delincuentes, han sido acusados de algún delito y otros porque no cubrieron el requisito de promedio de 8.

De acuerdo con los documentos enviados por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, de todos los candidatos al PJ señalados, 17 fueron postulados por el Poder Ejecutivo, seis por el Legislativo y sólo tres por el Poder Judicial.

Los candidatos que cuentan con carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República son Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, candidato a magistrado laboral en Puebla, imputado por el delito de abuso sexual y Ángel Antonio Villegas Cortés, aspirante a juez mixto en Veracruz, imputado por el delito de amenazas y lesiones. Ambos postulados por el Poder Judicial.

Noel Castro Melgar, aspirante a juez mixto en la Ciudad de México, imputado por el delito de peculado y abuso sexual.

Arturo César Morales Ramírez, candidato a magistrado administrativo en la Ciudad de México, imputado por el delito de delincuencia organizada, y con orden de aprehensión pendiente de ejecutar.

Jesús Karina Almada Rábago, candidata a jueza mixta en la Ciudad de México, abogada de un narcotraficante del Cártel de Sinaloa, el cual fue procesado por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

María de Jesús López Guzmán, candidata a juez penal en Chiapas, quien también fue defensora de un sujeto vinculado a la delincuencia organizada bajo la hipóstasis de secuestro.

Estos últimos cuatro casos fueron postulados por el Poder Ejecutivo.

 “Están relacionadas con investigaciones delictivas vigentes del orden federal, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República, en la que se proporciona información relativa a los números de averiguaciones previas, carpetas de investigación y carpetas judiciales en la que determinados candidatos se encuentran asociados, incluso con órdenes de aprehensión por cumplimentar, afecta directamente a la idoneidad con la que fueron valorados para constituir una candidatura”, expusieron en la carta dirigida a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.