Después de una compleja labor para cambiar el rumbo de un periodo de diez años del Tratado de Límites y Aguas de 1944 (ciclos 34 y 35), el actual gobierno de México ha llevado a buen puerto la gestión de este instrumento internacional estratégico para el norte de nuestro país. 

Mediante una administración responsable de la cuenca del Río Bravo (la más grande del país) y un trabajo diplomático con los gobiernos de los Estados Unidos y de Texas, se logró cumplir nuestros compromisos internacionales, sin asumir condiciones gravosas para México, a la vez de proteger el derecho humano al agua de las ciudades que se abastecen de nuestras presas internacionales.

El camino que llevó a esta negociación pone de relieve la necesidad de una gran corresponsabilidad en el manejo de una cuenca hídrica que se comparte entre usuarios de dos países y siete estados (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, del lado mexicano, y Colorado, Nuevo México y Texas, del lado estadounidense). Las acciones de los usuarios en cada uno de los componentes de la cuenca impacta al resto de la misma. 

El Tratado de 1944 es de la mayor importancia para los estados del norte de México, que nutren sus campos y ciudades con aguas del Río Bravo y del Río Colorado. El principio rector del tratado es que los ríos transfronterizos deben compartirse entre ambas naciones, así como entre los estados al interior de los países.

Además de haberse establecido un reparto justo de las aguas, se establecieron mecanismos para evitar el acaparamiento de agua en presas interiores de ambos países (mínimos de entregas anuales), se crearon presas internacionales para la administración del agua y un órgano para medir el reparto de aguas, dirimir controversias y cuidar la infraestructura binacional: la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Cuidar esa arquitectura, que nos da certeza y equidad a pesar de las obvias asimetrías, es una responsabilidad de todas y todos los mexicanos. En una reciente entrega del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, "Los ríos y la complejidad de la asimetría", se da cuenta del origen del Tratado de 1944.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo no fijó reglas sobre el reparto de aguas de los ríos transfronterizos y en el país vecino se desarrolló la infame "Doctrina Harmon" sobre las hegemonía hídrica, que pretendía que toda el agua de los ríos correspondía al territorio donde estos se iniciaban, dejando a México en condiciones de gran injusticia. Fue hasta 1929 que se inició la negociación del actual tratado, contemplando también la distribución de agua del Río Colorado. Los representantes mexicanos y estadounidenses necesitaron quince años para lograr un arreglo aceptable para ambos países.

Después de la entrada en vigor del Tratado han abundado las controversias sobre la distribución de agua, que han sido pactadas en cientos de actas complementarias al Tratado y que se han signado entre las secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La negociación para el cierre del ciclo 35 ha sucedido dentro de las limitaciones contenidas en las actas anteriores, tomando en consideración que el ciclo 34 concluyó con un volumen pendiente de entrega.

En ese contexto, la parte mexicana tuvo que realizar una delicada labor para hacer una gestión interna del agua que permitiera cumplir con nuestras obligaciones sin poner en riesgo el abasto de agua de las catorce ciudades fronterizas que se abastecen a partir de las presas internacionales Amistad y Falcón.

El ciclo 35 concluirá exitosamente usando una porción de las aguas de propiedad mexicana en las presas internacionales, con un compromiso de Estados Unidos de cooperar con México por razones humanitarias, permitiendo usar volúmenes estadounidenses para usos municipales en caso de una emergencia.

Además, se retoma el compromiso de compartir información de manera binacional para mejorar la gestión de agua de la cuenca mediante un Grupo de Hidrología. La negociación fue posible gracias a las gestiones del Gobierno de México para trasvasar volúmenes de las presas interiores, práctica que se ha llevado a cabo en múltiples ciclos, y con ello reducir el volumen pendiente de entrega. Asimismo, una gestión responsable de las presas interiores permitirá cubrir usos municipales con agua de otras presas.

Toda la información sobre las condiciones de cierre del ciclo 35 fueron compartidos de manera transparente y oportuna con los usuarios de la cuenca y, en particular, con el gobierno de Chihuahua. Es una pena que un gobierno estatal, por consideraciones electorales, haya optado por poner en riesgo uno de los instrumentos internacionales más relevantes de nuestro país. La actitud del gobierno de Chihuahua pasará a la historia como un episodio donde un gobernador, inspirado en la Doctrina Harmon de hegemonía hídrica, puso en riesgo el abasto de agua para los usuarios de la cuenca fuera de su estado, incluyendo aquellos que la utilizan para consumo humano.

En esta compleja negociación que encabezó la Secretaría de Relaciones Exteriores, participaron de manera patriótica los equipos de la Conagua, liderados por la Dra. Blanca Jiménez, de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, cuyo comisionado es el Dr. Humberto Marengo, del Servicio Exterior Mexicano, a través de nuestra cónsul general en Houston, Texas, Alicia Kerber, y de la Dirección General para América del Norte de la Cancillería, también fue fundamental el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. A todos ellos extiendo un reconocimiento. Además, expreso nuestra gratitud al equipo de los Estados Unidos que participó en esta negociación, encabezados por la comisionada Jayne Harkins.